SÓLO TENGO 300.000 PESETAS EN EL BANCO

Como cada semana tenemos alguna novedad respecto de nuestros probos y honrados políticos, a esta le ha tocado la imputación con cargos concretos de Chaves y Griñán, amén de los segundones Viera y Zarrías (segundón, pero con fama de ser la  mano que mece la cuna del socialismo andaluz).

Muchos de nuestros parlamentarios consideran que el aforamiento no es un privilegio sino un perjuicio ya que solo disponen de una instancia judicial. De seres con  tanto conocimiento es de imaginar que estarán en lo cierto y que lo asumen como un sacrificio habida cuenta su vocación de servicio público. Para los tontos de capirote se nos ocurre pensar que cuando no se marchan ni con agua caliente algo tendrá el Supremo (a López Aguilar le sirvió para evitar dormir una noche en el calabozo en aplicación de esa ley tan progre que el promovió, por ejemplo). Griñán al dejar la presidencia se buscó colocación en el Senado con la complicidad de los inocentones de IU a los que después la felipesa traicionó como agradecimiento. Se marchó no ha mucho haciéndose el digno, cuando realmente si lo hizo fue porque sabía que el nuevo Parlamento no lo iba a volver a reelegir ni por el forro. Viera (allá cada cual con su concepto de la palabra dignidad) se ha agarrado al escaño como una garrapata y se ha marchado al Grupo Mixto para que le dure algún mes más el fuero. Chaves y Zarrías dicen que se irán, aunque hasta el momento no lo han hecho. A muchos de nuestros políticos se les llena la boca diciendo que van a eliminar esta figura tan “perjudicial” para ellos, pero o estoy mal informado o ahí sigue.

En una ocasión la perversa nueva alcaldesa de la capital explicó de forma bastante didáctica que nuestro sistema es muy garantista (sobre todo para quienes pueden permitirse pagar a un abogado que presente recurso tras recurso, en muchas ocasiones con clara intencionalidad dilatoria), y si un juez dictaba una resolución inadecuada se podía recurrir a la instancia superior para que la corrigiera si lo estimara oportuno. De tal manera que el delito de prevaricación aplicado a un juez suponía en la práctica una forma de mediatizar las actuaciones de jueces y magistrados. Eso fue cuando todavía era una prestigiosa jurista, no había pasado al lado oscuro  y no había sufrido la terrible mutación que la ha convertido en un ser diabólico. Como condenados por prevaricación en los últimos tiempos conocemos a Elpidio Silva que tuvo el atrevimiento de enchironar al amigo de Aznar o  Garzón que investigaba lo que se cocía en los aledaños del partido que nos gobierna. Sería curioso conocer si se ha condenado por este delito a jueces que hayan actuado contra Pepito García, Manolito Pérez, etc., etc. No estaría de más conocer ese dato.

Este temor a ser acusados de prevaricación parece que da sus réditos y obliga a los jueces a tener los apuntes de cuando aprobaran la oposición al alcance de la mano, así como la más nimia modificación jurídica porque saben las consecuencias que les puede acarrear. Así el fiscal-defensor de la hermana de Su Preparada Majestad llegó a presentar un recurso en tales términos que hizo explotar al juez Castro conminándolo a que lo acusara de prevaricación si consideraba cierto lo que expresaba en el escrito. No hay constancia de que aún lo haya hecho y fue reprendido por el Tribunal competente sobre su peculiar forma de ejercer su función fiscal. Pero curiosamente la fiscalía, diseñada de tal manera  en la práctica para que esté a la orden del gobierno, al ser parte no puede incurrir en prevaricación. En el caso del juez Ruz, más joven y con más años de carrera por delante, es evidente (por mucho que lo critique el independiente Marhuenda) que ha tenido mucho más cuidado en sus decisiones. Demasiado poco ha encontrado en un partido al que tiene que ir la Guardia Civil a registrar su sede, que realiza un formateo profesional de sus ordenadores, el que ellos ya consideran un delincuente (sin sentencia firme aún)  es tan altruista que ha pagado de su dinero la sede, etc. Yo matizaría al presidente del CGPJ en su declaración de que las leyes están hechas para el robagallinas, y diría que  la conjunción aforamiento-prevaricación y tanta garantía (para el que la pueda pagar) entre otras características están diseñadas para prácticamente garantizar la impunidad de los poderosos.

Ante esta tesitura es de destacar la capacidad de la jueza Alaya (que debe ser realmente brillante como jurista) que ha sido capaz de seguir adelante con una investigación con todo el aparato mediático pro PSOE en su contra, con una administración autonómica (donde manda una tal Susana) colocándole todo tipo de trabas en sus actuaciones,  sufriendo hasta abucheos de sindicalistas apesebrados, etc., etc. Eso sí, ya se la han quitado de en medio (como a Ruz).

El juez instructor del Supremo ha destacado que se elaboró un sistema desde 2.000 a 2.010, que carecía de unos controles mínimos, que se realizaron 22 modificaciones presupuestarias siguiendo una línea que facilitaba  el fraude o que no es de recibo que el nombramiento del interventor general sea realizado por  aquellos a los que ha de someter a escrutinio. A pesar de ello dicho interventor dirigió un escrito al Parlamento en el que destacaba que los imputados “cebaron sin descanso la partida de los ERE” y curiosamente no se enteró ninguno de los imputados. Todo ello ha causado un gran perjuicio a las arcas públicas de una de las comunidades más pobres del país siendo  llevada a cabo por los que presumen de defender a los más necesitados. Entre estos “necesitados” están altos cargos de la Junta, empresas donde trabajaban familiares de estos, sindicalistas de carrera y demás hierbas.

Y esto lo ha orquestado el que Guerra llamó partido de los “descamisados”. Da la impresión de que ya muchos de ellos han conseguido algunos haberes con los que cubrirse el torso. El caso ERE es en realidad un botón de muestra del nuevo caciquismo que se instaló en Andalucía desde principios de la década de los ochenta. Los “favores”  ya no hay que pedírselos a los señoritos sino a los sociatas.

Los medios afines destacan en su descargo que ni a Chaves ni a Griñán se les acusa de enriquecimiento como algo positivo. Será así, al menos en el caso de Chaves,  porque recuerdo que cuando todavía manejábamos pesetas  el señor Chaves, ante el estupor de unos estudiantes que le preguntaban en la cadena andaluza, declaró que solo poseía 300.000 pesetas en el banco (aunque no ha mucho declaró que ya tenía ahorrados 3.000 €, como el cambio que se realizó en los “todo a 100” más o menos, vamos) y que prefería dedicar su dinero en la educación de sus hijos. Pues hay que reconocer que dicha formación debió ser de gran calidad. Paula Chaves al poco de acabar la licenciatura fue contratada por Abengoa como apoderada (seguramente por su sobrada experiencia). Dicha empresa recibió 1.712 millones en adjudicaciones y 3,7 en ayudas. Otra empresa de la que también era apoderada recibió 10,1 millones de forma irregular y ahora la felipesa tendrá que exigir su devolución. El presidente de la Junta entonces se llamaba Manuel Chaves. Su hijo Iván era investigado por una presunta vinculación con una trama de tráfico de influencia de cohecho y corrupción en general acabando la investigación cuando se destituyó al jefe de la Udyco (sería una coincidencia). Por tanto es de esperar y desear que ya que su situación económica es delicada sus hijos, por los que tanto se sacrificó, actúen como buenos vástagos y colaboren en los gastos de su defensa. Necesitará abogados que aburran a los jueces con recursos, que estén listos por si hay posibilidad de acusar a algún juez de prevaricación, que si hay posibilidad de prescripción la cacen al vuelo, etc. Para pagar a estos abogados tan eficaces me parece que con 3.000 € no le va a alcanzar y sería una injusticia que persona tan honrada y cabal fuera condenada precisamente por prevaricación administrativa.