LEONOR DIFÍCILMENTE REINARÁ

Titulando así parece propio de un peligroso magnicida republicano. En todo caso dejémoslo solo en republicano.

Podríamos intentar realizar un poco de política-ficción y aventurar en que situación podríamos encontrarnos de aquí a unos 30 años cuando, si no ocurre ninguna desgracia, a Leonor le tocara sustituir a su padre en La Jefatura del Estado.

Las encuestas con que nos encontramos en la actualidad indican que la población española partidaria de la Monarquía supera a la republicana, más aún desde la abdicación de Juan Carlos I. Pero debemos analizar las encuestas algo más allá y entonces nos encontramos con que cuanto más joven es la población mayor es el número de republicanos y que cuanto mayor es la formación mayor es también el número de partidarios de la república. La República es la forma de Estado preferida por los menores de 45 años, pero a partir de esa edad se escoge la Monarquía. Se da la circunstancia de que las personas que ahora tienen 45 años tenían 9 años cuando se votó la Constitución y que no se les ha permitido decidir sobre su forma preferida de Estado.

Cierto es que la Monarquía es abrumadoramente preferida por los mayores de 65 años. Pero el inexorable paso del tiempo hará que estos desaparezcan y los que ahora tengan 45 años y pasen a tener más de 70, si mantienen sus actuales convicciones, hagan que hasta los más mayores sean republicanos. Lo cierto es que la juventud, aunque sea conservadora, no entiende ni entra en sus valores ni en la educación que han recibido que una determinada familia de este país tenga una serie de privilegios institucionales sobre el resto. Además la población cada vez está más formada lo que también perjudica a la Monarquía.

Felipe VI debe ser consciente de ello y desde su llegada al trono ha tomado algunas medidas de transparencia, ha prohibido a la Familia Real ejercer actividades privadas o ha limitado el valor de los regalos que pueden aceptar. Todo ello con el objetivo de conseguir una mayor aceptación entre los españoles. Pero esa no es la cuestión, sino que la misma radica en el hecho de la falta de legitimidad democrática real de su cargo. Un Jefe de Estado debe serlo por votación de sus ciudadanos y no por que tenga mayor o menor aceptación en las encuestas y así se decidiera hace más de 35 años.

La Constitución, que nos obligaron a votar como un todo, blinda en la práctica la institución monárquica pero la misma establece una serie de derechos y mecanismos que los republicanos hemos de usar para acabar con este anacronismo feudal. El artículo 20 consagra el derecho a la libertad de expresión y el 21 el derecho de manifestación (al menos en tanto este gobierno no nos lo prohíba). El artículo 92 establece la posibilidad de referéndum para las decisiones políticas de trascendencia (aunque solo sea consultivo).

Por otra parte hay que tener en cuenta que el principal baluarte de la Monarquía no es tanto el PP (al que se le supone) como el PSOE, que aunque republicano en sus principios, acepta la actual situación. Pero se da la circunstancia de que fuerzas emergentes a su izquierda, como Podemos, pueden obligarle a modificar sus posiciones para frenar la sangría de votos que le puede suponer. Con unos socialistas más proclives a la república y la presión ciudadana quizá sea el propio Felipe VI el que se viera obligado a solicitar a las Cortes la necesaria reforma constitucional del Título II que hasta el propio PP se vería obligado a aceptar.

La República quizá sea solo cuestión de paciencia y no se debe caer en el error de pedir la convocatoria de un referéndum que, en el quimérico caso de que se celebrara, con el estado de opinión actual supondría la legitimación del sistema monárquico durante más décadas de lo deseable.

Con ello conseguiríamos elegir a nuestro Jefe de Estado por sufragio como sucede en otros países. Utilizan los monárquicos, para legitimar la institución, argumentos como el de que existe en otros países con gran nivel de desarrollo. Cierto es, pero no lo es menos que el devenir de la historia está llevando a una disminución del número de monarquías. Nos dicen también que hay repúblicas más caras que la Monarquía española, pero no es menos cierto también que una república nos costaría lo que quisiésemos pagar por ella; si tenemos que los salarios de nuestros políticos son de los más bajos de Europa carece de sentido argumentar que la República sería más cara. Hay que tener también en cuenta que el coste de la Monarquía no solo consiste en la asignación consignada en los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo todo el despliegue policial para que esta privilegiada familia disfrute de sus vacaciones corre a carga del Ministerio del Interior.

Evitaríamos que el único español constitucionalmente irresponsable tuviera la desfachatez de decirnos en su mensaje navideño de 2.011 que la justicia es igual para “todos”. Tampoco sucedería nada si en caso de tener que hacer uso de la sanidad privada la pagase de su bolsillo (unos 300.000 € anuales de salario) y no de la asignación presupuestaria de la Casa Real que no deja de ser dinero público. Y si no que pase a engrosar las listas de espera de la mejor sanidad pública del mundo como el resto de los ciudadanos. Además no es solo que este señor disfrutara de un generoso salario público (unas cuatro veces más que Rajoy) sino que al parecer posee un patrimonio que el pacto de silencio de las principales fuerzas políticas evita que podamos conocer a cuanto asciende y como lo ha conseguido. Parece ser que en este país (como ha sucedido con Jordi Pujol) determinada información solo se consigue cuando interesa hacerla pública.

Quizá también se lograra que abonara su propia asistencia jurídica y no hiciera uso de la fiscalía (no solo en el caso de hija) para que procediera a su defensa. Me refiero en este caso a las dos demandas de paternidad que tiene ante el Supremo y en las que la propia fiscalía pide su no admisión a trámite (es muy barata hoy día la prueba de paternidad). Se da la circunstancia de que uno de ellos, Alberto Solá Jiménez, es varón y mayor que Felipe VI, por lo que de probarse su filiación podría ocasionar un verdadero problema de legitimidad del actual rey. Los juristas entenderán de ello pero la Constitución establece en su artículo 57 que el primero llamado a la sucesión será el mayor de los hijos varones y en el 39 la igualdad de los hijos ante la ley independientemente de su filiación. Siempre es más fácil bloquear la posibilidad de que se conozca si es realmente su hijo, por cuestión de Estado, aunque en el propio artículo 39.2 se establezca que la ley posibilitará la investigación de la paternidad. De tal manera que tampoco es tan complicado inferir que una Jefatura de Estado de carácter hereditario, amén de sus carencias democráticas, puede llegar a crear reales problemas institucionales.

Mirando el lado positivo corre la noticia de que los familiares de Dumbo barritan aliviados en la sabana africana.