LOS BANQUEROS Y LA TETA DE PAPÁ

Ha ya algún que otro mes que en La Sexta Noche trataban la cuestión de las ayudas públicas al sistema financiero. En un momento dado el socialista Antonio Miguel Carmona, profesor de economía y candidato a la alcaldía de Madrid desveló el dato de que desde la crisis del petróleo de los años 70 hasta la actualidad la cantidad de ayudas públicas de la banca supera a su aportación a la sociedad vía impuestos. Airados que respondieron los señores que tenía enfrente (con Paco Marhuenda y Eduardo Inda a la cabeza) ante tamaña blasfemia a la religión verdadera. Dejaron pasar el sacrilegio ante la falta de datos y conocimiento de tan brillantes defensores del actual gobierno.

Lo realmente cierto es que las ayudas para que no se desplomara el chiringuito nos han costado a los contribuyentes cerca de 55.000 millones de euros en ayudas directas (de los que 40.000 proceden del rescate financiero que nos ha concedido Europa). De esta cantidad el FROB ya da por perdidos cerca de 37.000 millones. A esto hay que añadir más de 50.000 millones en avales del Estado o los Esquemas de Protección de Activos por los que el Estado, para favorecer la privatización de las cajas nacionalizadas, garantiza los créditos fallidos de éstas. El propio De Guindos reconoce que las pérdidas por este último concepto podría ser de 15.000 millones solo en la CAM. Podríamos seguir con el “banco malo”, la SAREB que ha absorbido más de 50.000 millones de euros de los denominados “activos tóxicos” de las entidades financieras (bancos y cajas). Y se redondea el círculo con los beneficios fiscales de que gozan a través del Impuesto de Sociedades. El IS ofrece a todas las empresas (y como no a los bancos) la posibilidad de compensar sus beneficios futuros con pérdidas pretéritas (créditos fiscales), de tal manera que entidades como Bankia (que nos ha costado más de 22.000 millones de euros) no tendrá que pagar impuestos en bastantes años. Y no solo las antiguas cajas, por ejemplo el Santander podrá reducirse en el futuro la no despreciable cantidad de cerca de 18.000 millones. Parece ser que hasta los que presumen de no necesitar de ayudas públicas también las obtienen en forma de reducción de impuestos.

A pesar de todo parece razonable que un sector estratégico para el correcto funcionamiento de la economía no quede más remedio que recatarlo cuando atraviesa dificultades para evitar el colapso económico. Lo que ya no es igual de razonable es que una vez que se ha saneado se devuelva al sector privado. Estamos en una etapa histórica en que solo se ven virtudes a lo privado y defectos a lo público. Lo que sí es cierto es que la banca pública en este país, que se englobó en Argentaria y se privatizó, tenía un funcionamiento tan razonable como cualquier entidad privada. También es verdad que las cajas de ahorro, que (sin ser fundacionalmente públicas) han estado dirigidas por políticos (en muchas ocasiones sin grandes conocimientos financieros) que no han actuado como profesionales del sector, han sido las que han sufrido la principal debacle. Pero no conviene olvidar que en otros momentos las crisis financieras se han producido, por ejemplo, por las inversiones industriales de los bancos. O también el hecho de que todas las entidades participaron de la orgía hipotecaria de este país en la que se concedían créditos sin exigir razonables garantías a los prestatarios. A fin de cuentas prácticamente todas las entidades financieras han obtenido pésimos resultados en estos años en nuestro país aunque la internacionalización de los grandes bancos (y no solo su gestión apolítica) les ha permitido capear el temporal con beneficios globales.

Los defensores de que solo lo privado funciona con el desastre de las cajas ya tienen argumentos para justificarlo todo, sin tener en cuenta que también los bancos han necesitado apoyo público. Justificar por ejemplo que unas entidades como Bankia o Catalunya Caixa, que se han reflotado con dinero público, vuelvan a privatizarse como si realmente fuera la garantía de que no se producirán nuevas crisis del sistema. Un sector sistémico, clave para el adecuado funcionamiento de la economía y fuertemente regulado no debiera importarnos que fuera público. No se trata de nacionalizar todas las entidades financieras (cuyo coste económico sería inasumible para las arcas públicas a no ser que se expoliaran) pero al menos, una vez que las hemos tenido que nacionalizar con nuestros impuestos, no debiéramos regalarlas de nuevo a la espera de que la nueva crisis financiera la tengamos que resolver con el dinero de todos. Imagino que no sería tan difícil que estuvieran gestionadas por verdaderos profesionales y que actuaran siguiendo criterios de mercado.

No nos dolería tanto tener que rescatarlos si cuando ofrecieran dividendos estos revirtieran en el erario público. No es mala para los banqueros la teoría que se impone de nacionalizar las pérdidas y privatizar las ganancias. Tampoco se podrán quejar de que su aportación fiscal a lo largo del tiempo sea prácticamente nula. No se podrán quejar si saben que cuando lleguen las vacas flacas papá estado acudirá en auxilio de sus aventureros hijos. Así yo también me hago liberal.